Fascismo
Constitucional
Pedro Esarte Muniain
Una Constitución, ley de leyes suele decirse, debe tener la amplitud de dar cabida a la formación de ideas, aunque éstas sean contrarias a ella, porque de lo contrario niega la promoción de su futuro a los ciudadanos para los que, también se dice, está concebida.
Que sea abierta no quiere decir que tenga margen de maniobra para quien gobierne, sino que debe prever la defensa de las minorías y la generalidad evitando el abuso de mayorías circunstanciales. Toda minoría debe tener acceso a la defensa de sus derechos precisamente porque, como tal minoría, no los tiene en el ámbito general. Lo contrario legitima su salida de dicho ámbito.
El lector puede concebir esta quiebra de principios en la Constitución española en cosas tan sencillas como el cierre de periódicos, la detención con abusos innecesarios de fuerza, nocturnidad y alevosía, o la arbitrariedad empleada en estos hechos, sin que los dañados tengan la opción de defenderse.
Todos conocemos a qué hechos me refiero, por lo que no creo necesario recordarlos. El golpe de Tejero mostró la parcialidad constitucional en reformas que dañaron al derecho de minorías nacionales dentro del Estado, aunque fueran mayoritarias en el territorio de su nacionalidad. Los últimos acuerdos del partido mayoritario en las Cortes españolas permitió la supresión de derechos primarios a voto y elegibilidad de núcleos de ciudadanos sometidos al tributo de dicho Estado.
Todo ello, y mucho más, revelan la justa rebeldía y oposición que el pueblo vasco muestra hacia esta Constitución española, que muestra su carácter fascista, tanto por lo que obvia, como por lo que recoge o permite en parcelas silenciadas, y/o dejadas al albur de la interpretación ¿Dónde puede encontrarse dentro de ella, no ya el derecho de Autodeterminación, sino siquiera una sola facultad restante del fuero que dice recoger?
Y es que, por el contrario, esa Constitución se hizo para que los responsables del gobierno la estiren, la corten, le añadan, la enmienden, la interpreten, juzguen la interpretación, etc. Está hecha para ser goma del gobernante que impida pensamiento alguno fuera de las normas que permite aplicar al gobernante. Es inconcebible que el sujeto que mañana puede ser jefe del gobierno alardee públicamente de ser el único político relevante que no ha hablado con el presidente de la CAV, y que no lo hará mientras no retire su Plan. Y estamos hablando de un proyecto que, de momento, sólo trata de ser debatido, y ya ha sido descafeinado. La negativa a hablar, que lleva por si misma a la restricción de derechos, es manejada por el citado líder, y así lo proclama a los electores, con la interpretación restrictiva que hará, no ya de la Constitución, sino del Derecho mas primario.
No se ha concebido la Constitución española como una ley protectora y defensora de Derechos, sino con el planteamiento de la supremacía del Estado frente a las naciones y la de facilitar las imposiciones que aten a la ciudadanía a cumplimentar y facilitar la gobernación, aunque ésta se produzca en quebrantamiento de derechos.
Llevada al Congreso de los Diputados la idea de suprimir derechos electorales, se ilegalizó mediante los votos de los congresistas una candidatura detrás de la cual había 200.000 votos. Los vascos, catalanes, gallegos, andalucistas, aragoneses, etc., pues, de cara a defender dichos derechos, quedaron, quedamos, como ciudadanos de segunda y sin derecho siquiera a sufragar el voto. Pero la gravedad del hecho es que dicho acuerdo no resulta inconstitucional.
Mas aún, si en algo se aprecia una permisividad es en la adjudicación de sueldos o complementos por ejercer la función pública. Como en los mejores tiempos medievales, mientras a unos se les anulan los cargos o se les impide presentarse a las elecciones, los señores feudales que aceptan rendir pleitesía pueden hasta marcarse los estipendios por cargo público.
Recientemente han comenzado a caer caretas. Rodríguez Ibarra ha expuesto su idea de legislar para que los nacionalistas no puedan llegar al Congreso de los Diputados. Para ello basta con exigir el 5% de los votos en todo el Estado, y tal como afirma, acaba así con la representación de todos las electores contrarios al status quo y que mantienen un concepto de sociedad diferente. Y esto se hace con opciones que, siendo mayoritarias en su sociedad, no alcanzan el citado 5 % en el conjunto del Estado. Más aún, la apuesta de Zapatero de condicionar su opción a gobernar a un número de votos suficiente como para no precisar del apoyo de otros partidos, conlleva un cierre de filas constitucional por parte de las dos formaciones españolas mayoritarias.
Todos los constitucionalistas españoles de hoy creen en el “crepúsculo de las ideologías”, expresión acuñada por el franquista irredento Gonzalo Fernández de la Mora. En realidad, los líderes de los partidos españoles mayoritarios no pueden ser descritos sino como sus discípulos, ya que comparten esa misma tesis aunque manejen siglas diferentes.
La constitución está concebida para anular ideologías que puedan aspirar a cambiarla o que puedan rechazarla y, sin embargo, deja el cauce abierto para ser interpretada a conveniencia por el gobierno de turno.
Es una clara demostración de que en España se conciben dos clases de ciudadanos. El régimen español no aporta más que segregación y clasismo, y la imposibilidad de cambiar por si mismo los ramalazos fascistas de su Constitución. La negativa al pueblo vasco, la imposibilidad legal de ser reconocido como pueblo, confirma la idea imperial de los defensores de dicho régimen, ante lo que la postura vasca no debe ser claudicante. El Derecho con mayúsculas que nos asiste es el de la LIBERTAD. Y es ésta la que debemos reclamar, con la devolución de Derechos y bienes que nos han sido arrebatados. Nacimos libres y nos han gobernado sometidos.
Nuestro Derecho está por encima de Constituciones. Es el Derecho a la libertad de regirnos por nosotros mismos, o por quien nosotros queramos. Somos un pueblo anterior al español y, como tal, dueño de nuestro destino. Tenemos derecho a ser ciudadanos en nuestra tierra por encima de opresiones e imposiciones. Tenemos derecho a constituir por nosotros mismos el pueblo que somos, con Instituciones y Estamentos propios y diferenciados. La exigencia de la libertad personal y comunitaria constituye el principio de toda sociedad libre y adulta, y la nuestra lo es.