Mikel
Sorauren de Gracia
Juan
Cruz Alli ha afirmado que el denominado plan Ibarretxe –auspiciado por el
presidente de la Comunidad Autónoma Vasca (C.A.V.)- es respetuoso con la
Comunidad Foral de Navarra (C.F.N.). El socio de
Gobierno de Alli, el presidente Miguel Sanz, se
ha manifestado en sentido contrario. Es preciso conceder la razón a Sanz al
respecto, aunque, paradójicamente, sea Ibarretxe quien pretenda respetar a la
CFN y Sanz en ningún caso.
La
razón de esta paradoja se encuentra en el propósito de Ibarretxe de atenerse a
un marco legal que, por principio, niega a Navarra el derecho a ser dueña
de sus destinos. Ese marco legal viene impuesto
por un Estado que participa en el secuestro del Estado navarro mismo
y pretende configurar a Navarra
como parte propia. Se debe reconocer al plan de Ibarretxe –además de la
honestidad de su proponente- la
virtud de haber suscitado la reacción más virulenta por parte de todas las
instancias que se reclaman españolas, y eso a pesar de que sobre el papel el
objetivo del plan esté muy lejos de pretender ninguna secesión y, menos aún,
de la reconstitución del Estado vasco –Navarra, en
definitiva-. Y es que el espacio de tiempo que ha transcurrido desde la
desaparición de Franco ha dejado en evidencia que en España –ni en las
fuerzas políticas que configuran el actual Estado español- no existe ninguna
voluntad de renunciar al estado centralista. Las autonomías se han revelado
como un gran fraude. Se concedieron de una manera forzada con el fin de dar
salida a una situación insostenible y el propósito no confesado de recuperar a
medio plazo lo que las circunstancias excepcionales obligaban a ceder. Así fue
saboteado el Estatuto de Gernika, porque España entendió constituía el inicio
de un camino que llevaría inexorablemente a la independencia; independencia que
en absoluto podía derivar de dicho texto.
Esta
actitud del Estado español representa para el plan Ibarretxe el condicionante más
insuperable. En definitiva aquí se encuentra la raíz del conflicto que se
arrastra a lo largo de los siglos; porque la causa de la tensión entre el
Estado español y Euskal Herria deriva únicamente de los esfuerzos realizados por el primero para ahogar la
resistencia de los navarros –ciudadanos políticos de Euskal Herria- que
buscan recuperar la libertad en el marco de un Estado propio, en la actualidad
sometido.
Ibarretxe
no busca romper esta imposición y su proyecto traiciona su propósito de que
sean los vascos quienes puedan decidir su futuro. La denominada autonomía
se ha revelado como un inadecuado paliativo para las aspiraciones
soberanistas. Parece difícil que España pueda aceptar otras fórmulas como la
simple federación o cualquier status de asociación que traspase de un modo
efectivo la capacidad de decisión a los vascos. No obstante, la limitación más
seria de Ibarretxe es su renuncia a la territorialidad bajo la presunción de
que el éxito de su propuesta en la C.A.V. arrastrará al resto de los
fragmentos de Euskal Herria y, más aún, el reconocimiento de la fragmentación
de facto del Estado navarro.
Da
la impresión de que la actual situación en la que se encuentra este Estado
navarro es resultado de la voluntad de los navarros mismos y no de una violencia
histórica y permanente, que ha llevado a su desestructuración, tal y como
aparece en el momento presente. El proceso de sometimiento del Estado navarro
culmina en 1512 con la conquista del territorio
de la denominada Alta Navarra. No es ésta sino un fragmento del antiguo Estado,
hoy reducido a provincia y comunidad autónoma de España, la C.F.N..
Desde la mencionada fecha de 1512, esta parte del Estado navarro ha sido
objeto de un proceso de desmantelamiento institucional por parte de España, a
pesar de que se guardaron las apariencias mediante el mantenimiento sobre el
papel de la Constitución de Navarra –los Fueros- siempre mal tolerados por la
Corona y Estado español. La ley española de 16 de Agosto de 1841
–“paccionada”- desmonta definitivamente las instituciones soberanas del
Estado navarro y declara que la única soberanía que existe en Navarra es la
española. Tampoco esta ley “paccionada” –por algunos tan enaltecida- será
bien vista desde la soberanía española. Hija de una situación conflictiva, únicamente
fue aceptada por los gobernantes españoles como mal menor. Ni qué decir tiene
que fue cuestionada desde el principio por parte de España y la defensa de sus
competencias residuales por parte de Navarra se hizo desde una posición de
inferioridad, mientras el paso del tiempo las ha disminuido y dejado
reabsorbidas en un Estatuto de Autonomía.
Será
necesario recordar que el proceso de degradación de la Soberanía de Navarra
dio lugar a la denuncia permanente por el Pueblo e instituciones navarras cuando
quedó claro que España no estaba dispuesta a cumplir ninguno de sus
compromisos. Éstos siempre fueron resultado de situaciones excepcionales y
dirigidos a doblegar la repugnancia de los navarros frente a las imposiciones
españolas. Todos los cambios que ha ido
imponiendo España han sido acompañados de fuerza militar. Es esto cierto por
lo que se refiere a la conquista de 1512, el desmantelamiento institucional de
1841 –Guerra carlista-, la Gamazada -1893- ...
y, desde luego, 1936. En ninguna de estas ocasiones se consultó a los
navarros sobre las modificaciones de que fue objeto el status de Navarra.
Afirmar hoy en día, como afirman algunos, que Navarra habla a través de las
elecciones, constituye una manera artera de impedir que los navarros se definan.
Artero fue igualmente el proceso que llevó al denominado Amejoramiento tras
la desaparición de Franco, acuerdo entre bambalinas de los franquistas y
sedicentes demócratas. No lo impulsó sino el propósito de mantener el status
que se había impuesto en Navarra a raíz de 1936, marginando y reprimiendo a
los sectores del Pueblo navarro que reclamaban la recuperación de la soberanía
arrebatada. Una vez más se hurtó el debate y la decisión mediante la creación
de una situación confusa en la que, finalmente, los impulsores del proyecto
actuaron al dictado de Madrid. España consiguió
con ello que se reconociese su soberanía y los mentores del Amejoramiento el
poder y las prebendas en el denominado gobierno de Navarra.
En
estas circunstancias hablar de voluntad de los navarros revela ingenuidad o
sarcasmo. Ingenuidad cuando se acepta el marco jurídico español. Es España
quien impone el marco de lo que sea Navarra de una manera arbitraria, a la que
fragmenta e impide manifestarse con voz propia y exclusiva. Sarcasmo, porque
nunca –y hoy en día tampoco- España se ha creído en la obligación de
reconocer la voluntad de los navarros como criterio válido a la hora de
organizar nuestro Futuro. Uno de los pensadores liberales más consecuentes, el
inglés Locke, considera la capacidad de decisión de una colectividad sobre sus
destinos –autodeterminación- como un derecho imprescriptible. Ningún estado
tiene el derecho de imponerse a otro mediante la fuerza. Caso de que lo haga
incurrirá en delito de agresión, su autoridad sobre el Estado dominado
constituirá una usurpación de la soberanía y si modifica la constitución del
Estado agredido incurrirá igualmente en la tiranía. Estos tres supuestos se
dan en el caso de España con respecto a Navarra, desde el momento en que la
tiene sometida por la fuerza militar, ha sustituido el poder originario de los
navarros por el suyo propio y, finalmente, ha modificado la Constitución
navarra, asimilándola a la española.
España
de manera manifiesta niega en su Constitución el derecho de los navarros a la
autodeterminación y amenaza con la fuerza militar como última razón. Entre
tanto, violenta la voluntad de los navarros mediante el conjunto del sistema
institucional imperante; instituciones, leyes y administración en sus diversas
ramas. Todo este conjunto es reafirmado con la instrumentalización de la
cultura, dirigida a erradicar las señas de identidad de Navarra y,
particularmente, de los medios de información que buscan aterrorizar a los
navarros con el fin de que éstos teman un proceso en el que se pueda conseguir
la independencia del Estado navarro. En estas condiciones es obvio que los
navarros no vamos a poder decidir con libertad; ni van poder decidir libremente
los habitantes de la C.A.V., ni nos van a dejar hacerlo a los de la C.F.N., por
lo que el plan Ibarretxe no tendrá la capacidad de dar la voz a los vascos siempre que tenga la intención de
acomodarse a la legalidad española.